45.000 "anomalías"

Comprendo que es difícil neutralizar el efecto de cuarenta y cinco mil personas dejando constancia en las calles de Bilbao de su respaldo al Lehendakari y a las Instituciones Vascas, frente a la reiterada agresión que vienen sufriendo por parte de determinados focos del irreductible unionismo de los poderes del Estado, pero, en cualquier caso, parece que, para los de siempre, esa exteriorización –civilizada- en la calle de una determinada forma de sentir y de vivir el momento político, en este caso no sirve.

En muchos momentos de la reciente intrahistoria patria, esas manifestaciones del sentir popular se han tomado como una herramienta válida y perfectamente legítima, ya fuera la convocatoria obra del PSOE, del PP, de los Obispos, de las Asociaciones de Víctimas o del Foro de Ermua. En esos casos, sí que valía como muestra de la soberana voluntad popular. Ahora, no, no toca.

Ahora, no vale. Ahora, aquellos movimientos, no sólo carecen de legitimidad, sino que expresan una disfunción del cuerpo social. El País, incluso reconociendo la realidad del conflicto entre el poder Ejecutivo y el Judicial, considera que la denuncia en la calle de ese conflicto es “una anomalía”. El PSE sí que puede convocar, como lo hizo hace unos meses en el BEC, una acto de desagravio a sus líderes López y Ares cuando parecía que podrían seguir el mismo camino de imputación que Ibarretxe. Los demás no, y si lo hacen "no están protegiendo lo suyo contra lo de fuera, sino que están haciendo algo inaceptable en un Estado de derecho: forzar la independencia de la justicia".

Vocento va más allá y habla incluso de “fractura institucional”. Ahora bien, ante un panorama tan alarmante, en lugar de analizar la causas de esta fractura, se limita a condenar sus consecuencias. En vez de hacer examen de conciencia por el exceso que supone la imputación penal a un Presidente de Gobierno, que se ha limitado a recurrir al diálogo como instrumento para el correcto ejercicio de sus responsabilidades como gobernante, prefiere denunciar lo que considera un movimiento de deslegitimación de los tribunales de justicia.

“Ni la movilización popular (…), ni las expresiones y eslóganes empleados para promoverla son ajenos a una determinada intencionalidad política (…) que muy poco tiene que ver con la crítica razonable y provoca efectos contrarios a los que dice perseguir: el desprestigio de nuestras instituciones y del Estado de Derecho”, dice el editorialista. Es decir, a nadie debe asustar que el Poder Judicial haga política, mientras, por el contrario, se anatematiza a la ciudadanía por expresar su desacuerdo.

Una cosa hay que Vocento ha pasado por alto, y es que ese prestigio institucional y del Estado de Derecho, cuya fractura lloran, hace tiempo que para muchos vascos es ya agua pasada, si alguna vez existió. Ha llovido mucho y en este momento no se trata ya de preservar un valor que nadie percibe como tal, sino de sentar las bases que permitan la construcción de un nuevo entramado institucional del Estado que merezca, cuando menos, el respeto que algunos predican.

Si algo hay ofensivo en todo esto, no es la manifestación de anoche, sino la arrogancia con la que desde algunas instituciones del estado se ha tratado de neutralizar una determinada opción política, encarnada anoche en las 45.000 personas que sólo reivindicaban respeto.